PUELLA: “CON LA CONDENA Y PROSCRIPCIÓN DE CRISTINA, LA DEMOCRACIA ESTÁ EN JAQUE”
En el encuentro realizado ayer por la conducción Nacional del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, se volvió a discutir la necesidad imperiosa que antes de definir un candidato para las elecciones del año próximo, se debe garantizar la legitimidad de las instituciones de la democracia.
Marcelo Puella, quien preside esta organización aclaró que no existe un escenario más urgente que pedir la liberación de la presidenta del Partido Justicialista y consideró que esta “condena” no es solo judicial, sino política. Milei sabe que con Cristina libre no puede ganar ni una elección de un consorcio.
El dirigente peronista continuó diciendo que “La calidad democrática de un país no se mide solo por la existencia de elecciones periódicas, sino también por la vigencia plena del Estado de derecho, la independencia judicial y la garantía de derechos políticos sin restricciones indebidas.
En la Argentina actual, la situación de Cristina Fernández de Kirchner, principal figura y jefa de la oposición plantea interrogantes profundos.
Su condena en el marco de la denominada causa Vialidad y su consecuente inhabilitación para ejercer cargos públicos son percibidas por nuestro sector político como por muchas otras organizaciones como el resultado de un proceso judicial cuestionado, lo que reabre continuamente el debate sobre el funcionamiento real de las instituciones.
En ese sentido, distintos posicionamientos públicos, sostienen que durante el proceso no se lograron probar aspectos centrales de la acusación: desde la supuesta asignación arbitraria de fondos hasta la existencia de sobreprecios o direccionamiento de obra pública. Según estos planteos, las decisiones analizadas habrían seguido los mecanismos legales vigentes, con intervención del Congreso, controles administrativos y ejecución dentro de las competencias correspondientes.
A ello se suman argumentos jurídicos y políticos que refuerzan la idea de que la condena resulta, cuanto menos, controvertida. Entre ellos, se señala la ausencia de pruebas directas que vinculen a la ex presidenta con órdenes concretas para beneficiar a empresarios; el hecho de que las decisiones presupuestarias y administrativas correspondían a otros órganos del Estado, como la Jefatura de Gabinete; y la inexistencia de peritajes concluyentes que acrediten sobreprecios generalizados o perjuicio económico al Estado.
También se destaca que muchas de las obras cuestionadas fueron efectivamente realizadas y que los mecanismos utilizados —como decretos, fideicomisos o decisiones administrativas— forman parte de herramientas legales empleadas por distintos gobiernos.
Desde esta perspectiva, la detención y condena de una dirigente con alta representación política como lo es Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto donde subsisten dudas razonables sobre la solidez de los fundamentos, genera preocupación institucional.
Cuando una parte significativa de la sociedad percibe que se ha vulnerado el debido proceso o que se han forzado interpretaciones jurídicas para arribar a un resultado determinado, se instala una duda legítima: ¿están funcionando las instituciones con imparcialidad o estamos frente a un uso del sistema judicial que impacta directamente en la vida democrática?
La democracia requiere reglas claras y equitativas para todos los actores. Si esas reglas son puestas en duda, el daño no es solo individual o partidario, sino que afecta la confianza colectiva en el sistema”.
Para finalizar Puella enfatizó: “En este contexto, resulta imprescindible reafirmar principios básicos: justicia independiente, debido proceso y pleno respeto por los derechos políticos. Sin estos pilares, la democracia pierde sustancia y corre el riesgo de convertirse en una formalidad vacía”.
“El desafío es colectivo. Más allá de las posiciones políticas, la sociedad debe exigir transparencia, legalidad y equilibrio institucional como condiciones indispensables para sostener una democracia real y plenamente vigente”
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